Valencia, 3 de diciembre de 2009. El escaso impacto que tenido el Plan de Retorno del Gobierno, en la Comunidad de Valencia (CV) está reflejado en las 1.234 personas que se han acogido a esta iniciativa. Así, parece que es más interesante quedarse y esperar la evolución de la situación económico, que volver a empezar una vida.

La inmigración continúa creciendo en esta Comunidad, aunque a un ritmo inferior al del pasado ejercicio. Así lo dice un informe presentado durante la reunión del Foro Valenciano de la Inmigración, que presidió el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco. En el 2009 la CV ha registrado la entrada de un total de 35.531 personas extranjeras, de las que 9.908 son extracomunitarias y 25.623 proceden de la Unión Europea.

La crisis económica no se ha traducido en un retorno significativo de las personas inmigrantes residentes en la Comunitat a sus países de origen. Sólo 1.234 personas han solicitado dicho retorno voluntario y 600 han regresado. Estos datos contrastan con los 73.000 inmigrantes que se hallan en paro y los 880.000 residentes.

Para Blasco la Generalitat "afronta esta situación incrementando para 2010 el presupuesto dedicado a las políticas migratorias, en concreto, un 6% hasta alcanzar los 18 millones de euros, frente a una Ley de Extranjería que no ha recogido la petición del Consell de distribuir los fondos estatales según una cuantía fija por inmigrantes y número de extranjeros residentes en cada región".

"La actitud del Gobierno Central es absolutamente incoherente y está pasando por encima de una realidad que, en primer lugar, se trata de un drama que afecta a personas extremadamente vulnerables y por otro lado, que su falta de financiación puede tener consecuencias muy graves", dijo Blasco.

Agregó que, "con el tijeretazo previsto por el Gobierno, la Comunitat recibiría el próximo año 11,5 millones de euros que reduciría el presupuesto por inmigrante a 13 euros, la mitad que el año pasado y casi cinco euros por debajo de la media española".

Este fondo permite financiar las plazas de acogida y la contratación de personal en los municipios para dedicarse la integración de los inmigrantes y financiamiento de este tipo de iniciativas.

EP