Madrid, 15 de diciembre de 2009. El Gobierno no firmará la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares porque considera que es un pacto "desequilibrado". Pero ésta no era la posición del PSOE el 10 de noviembre de 2003, cuando presentó una Proposición no de Ley, que instaba al Ejecutivo de José María Aznar a suscribir el convenio. Este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, se cumplirán 15 años desde que las Naciones Unidas aprobara la Convención.

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España "no tiene intención de firmar o ratificar" este convenio porque, como el resto de Estados miembros de la UE, considera que se trata de un texto "desequilibrado". Así lo expone el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaria al diputado de ICV, Joan Herrera.

El Ejecutivo argumenta que esta convención, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1990, "exige proporcionar a los trabajadores inmigrantes y a sus familias una documentación que excede con mucho la prevista en las vigentes leyes españolas y europeas de extranjería". Entre otras, la Convención estipula que los migrantes no podrán ser objeto de "expulsiones colectivas", ni serán sometidos a torturas ni a "tratos o penas crueles".

Para el Gobierno, se trata de un pacto que "incide especialmente en los derechos de los trabajadores inmigrantes, pero olvida una serie de obligaciones de los países de emisión u origen de tales trabajadores". Hasta el momento, la Convención ha sido ratificada por 34 Estados, algunos latinoamericanos, como México y Argentina. Estos dos, receptores de migrantes en la región procedentes de Centroamérica y Bolivia o Paraguay, respectivamente.

No obstante, el Gobierno subraya que la legislación española actual en la materia "es la más progresista de toda la Unión Europea" y "en muchos aspectos va más allá" de la propia convención y "mantiene quizás un enfoque más moderno".

En 2003, sin embargo, los socialistas presentaron en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley firmada por el diputado Jordi Pedret y la entonces portavoz parlamentaria del partido, María Teresa Fernández de la Vega, hoy vicepresidenta primera del Gobierno.

En aquella iniciativa, los socialistas defendían la firma y ratificación de la convención por parte de España por "la situación de vulnerabilidad en que, con frecuencia, se encuentran los trabajadores migrantes y sus familiares", entre otros motivos.

EP

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