Madrid, 2 de enero de 2010. La decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de limitar el servicio de justicia gratuita a las personas que demuestren la falta de recursos, ha provocado duras críticas. Básicamente porque es una medida que excluye a los inmigrantes sin permiso de residencia y trabajo. Para demostrar la insuficiencia económica, las personas deberán presentar la vida laboral, contrato de trabajo y certificado de ingresos.

Con “admiración e incertidumbre” recibió ayer el presidente de la Asociacion de Ecuatorianos Rumiñahui (10.000 integrantes), Vladimir Paspuel, las declaraciones de la presidenta regional. “Pensé que Europa era el continente de la democracia, la justicia y la solidaridad. Con medidas como ésta, los inmigrantes nos vamos a quedar a merced de la nada”, explicó Paspuel al diario El País. El colectivo ecuatoriano tiene unos 140.000 integrantes en la Comunidad de Madrid.

En opinión de Paspuel, es en esta época de crisis cuando hay que defender a los más débiles y a la población más vulnerable mediante los servicios sociales. “En eso debe radicar la grandeza de los países desarrollados y su apertura hacia los que menos tienen”, destacó el presidente de Rumiñahui.

“Lo que está proponiendo Esperanza Aguirre es de dudosa constitucionalidad y es un discurso seudoxenófobo”. Así de tajante se mostró el portavoz en temas de Justicia del PSOE en la Asamblea de Madrid, Javier Gómez. Éste acusó a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de atacar al colectivo de abogados para no afrontar “los graves problemas que sufre la justicia en la región”.

La Comunidad de Madrid invierte 50 millones en el servicio de justicia gratuita. En días pasados, el Consejo de Gobierno aprobó aumentar en 11 millones más los presupuestos previstos para 2010 para esta prestación, que pasan de 31 millones a 45 millones de euros ante las quejas del Colegio de Abogados de Madrid.

Redacción y EP

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