Jerónimo Rivero, Ica. El terremoto que sacudió al Perú el 15 de agosto de 2007 tuvo su epicentro en la región costera de Ica, al sur de Lima. Hubo 596 muertos y más de 75 mil viviendas destruidas, lo que provocó que unas 430 mil personas se quedaran sin techo, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI). Toda la región quedó enterrada entre escombros, y hoy, casi un año más tarde, la situación de sus pobladores sigue siendo, en su gran mayoría, realmente crítica.


La Comisión de Derechos Humanos de Ica, organizaciones de representación civil de la zona y ONG denuncian la incapacidad del Gobierno para resolver los problemas de la región, no por falta de fondos, sino por una terrible burocracia, problemas de corrupción y un claro manejo político del desastre, que hacen que la reconstrucción no haya realmente comenzado aún.

Piden, a su vez, que se dé a conocer la situación en la que viven actualmente muchos de los pobladores de la zona, condiciones que hacen que se multipliquen los casos de VIH, malnutrición y tuberculosis, especialmente grave en niños y ancianos, y llaman la atención de las autoridades ante la llegada del invierno, que empeorará la situación de una gran parte de la población que aún vive como si el terremoto hubiese sido ayer.

Lo cierto es que grandes cantidades de escombros quedan todavía por retirarse de las calles y que de las 75 mil viviendas que cayeron en el sismo se han reconstruido, gracias a la iniciativa civil, menos del 20 de ellas, también según las cifras oficiales del INEI.

Los que han tenido más suerte han recibido una casilla provisional de madera de alguna ONG. El resto son comunidades enteras que siguen viviendo en casas hechas con esteras y plásticos, o en tiendas de campaña, sin agua potable y comiendo gracias a las ollas populares que aún siguen funcionando, organizadas por los propios vecinos, como Tribuna Latina pudo comprobar en un recorrido por las zonas más afectadas de Chincha, Pisco e Ica.

Doblemente expuestos: a la naturaleza y al abuso
Ante la falta de respuestas del Gobierno y la necesidad de un lugar donde resguardarse del frío que se avecina, la gente comienza a reconstruir sus viviendas con lo que tiene: el adobe, y por esto vuelve a quedar expuesta a un futuro sismo, ya que aquí sólo en el mes de mayo pasado se registraron diez sismos que, aunque de baja intensidad, muestran la inestabilidad de la tierra en esta región.

Otro grave problema es que más de 50 por ciento de los damnificados no tiene título de propiedad de su vivienda: se habían instalado en un descampado y levantado sus casas de adobe en tierras fiscales, o simplemente por informalidad, pero no son reconocidos por los programas “Techo Propio” y “Bono 6000”, ayudas que el Estado lentamente está comenzando a dar, que son de 6000 soles (unos 1300 euros) por casa inhabitable.

Existen también muchos beneficiados e intereses políticos y económicos detrás de una tragedia como la que se vivió aquí. De este modo, las empresas constructoras cobran lo que quieren y los empresarios de materiales para la construcción suben los precios abruptamente debido a la gran demanda y al libre mercado. Todo esto hace que la ayuda de 6000 soles pensada por el Gobierno, que en principio les hubiese alcanzado a las familias beneficiadas para levantar una habitación, hoy no sirvan ni para eso.

Por si esto fuera poco, el aumento del precio de los alimentos que sufre hoy especialmente Latinoamérica (a pesar de que produce 30 por ciento más de lo que consume, según cifras del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe - SELA) se siente con fuerza en estas zonas de grandes carencias, en especial las subas constantes en el precio del pollo y del arroz, básicos e imprescindibles en la dieta peruana.

La situación que se vive en esta región de Perú, como también en Ayacucho, Puno y Huancavelica (en donde los índices de pobreza llegan al 86 por ciento de la población), no mejora a pesar del sostenido crecimiento económico de Perú en los años recientes y tan mencionado por el Gobierno. Porque aquí, la riqueza generada y mal distribuida termina provocando, directa o indirectamente, la mayor parte de la miseria y de los consecuentes enfrentamientos sociales que se viven en Perú, como el que se vivió hace unos días en Moquegua.