Gustavo Franco Cruz
gustavo@tribunalatina.com
Anthony M. Collins es Senior Counsel del Bar of Ireland (un tipo de colegio de abogados), es representante de esta institución en la Delegación Permanente del Consejo de la Abogacía Europea, organismo que representa a más de 700 mil abogados europeos. Recientemente estuvo en Barcelona como ponente del III Fórum sobre inmigración y asilo en la Unión Europea (UE), organizado por la Academia de Derecho Europeo y la Generalitat de Cataluña, para hablar sobre la jurisprudencia más reciente en la Unión.

Uno de los aspectos más interesantes que trató fue el caso Metock, que con una sentencia del Tribunal de Justicia de Europa emitida el 25 de julio pasado, determinó que los cónyuges de un familiar comunitario pueden residir y circular libremente por la UE, independientemente del lugar o el momento en que hayan contraído matrimonio, o de las circunstancias en que ese nacional de un tercer país haya entrado a un país miembro de la Unión. En otras palabras, si usted está casado con un ciudadano español y vive en Colombia, por ejemplo, tiene derecho a trasladarse a España o cualquier otro país de la UE en cualquier momento.

En España el Tribunal Supremo de Justicia ya determinó que no se puede expulsar a los padres de niños españoles, pero aún ocurren casos por supuestos errores en los recursos que presentan los abogados. ¿Es necesario recurrir a una segunda instancia para demostrar esta situación?
Es difícil decirlo. En Irlanda es necesario ir al Tribunal Superior para obtener una orden de hábeas corpus (figura jurídica que obliga a presentar ante un juez a todo detenido en menos de 24 horas, o liberarlo si no es justificada su detención) y se puede lograr una orden para controlar el uso del poder administrativo. Si una situación similar ocurre en Irlanda, existe la posibilidad para controlarlo. Cualquier inmigrante puede plantear un recurso (al igual que en España), aunque es cierto que existen dificultades prácticas.

¿Por ejemplo?
El caso Metock es ejemplar. Finalmente el Tribunal de Justicia (de las Comunidades Europeas) dio la razón a la defensa de un inmigrante camerunés (Blaise Baheten Metock) que fue expulsado antes de la sentencia favorable, por lo que las autoridades fueron obligadas a facilitar su retorno. Su esposa también camerunesa, nacionalizada inglesa, siguió el caso con los abogados. En aquella época, el Gobierno había decidido que para vivir en Irlanda, debía estar obligado a vivir legalmente en otro país de la UE.

¿Ocurre lo mismo en otros países?
Esta es una sentencia para todos los países europeos (porque se basa en la Directiva comunitaria 2004/38/CE, sobre “el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia de circular y de residir libremente en el territorio de un Estado miembro), aunque dos países han intervenido en el asunto contra el Gobierno irlandés y los afectados.

Algunos creen que este precedente podría convertirse en una vía de regularización para personas que no tendrían otra posibilidad, o incluso ocasionar un efecto llamada.
En Irlanda tenemos un sistema de derecho que, cuando un juez determina algo, es un precedente para los otros hasta que un apelo a una instancia superior emite una doctrina. Según el sistema comunitario, cuando un juez comete un error, el afectado puede obtener indemnización del Estado.

Actualmente las denuncias por vulneración de derechos humanos en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), caen en saco roto porque los denunciantes no pueden comparecer ante un juez como testigos, pues son expulsados a su país.
Es posible en el sistema irlandés obtener una orden judicial para presentar testigos, para casos que luego pueden ser resueltos. Pero en la práctica es verdad que no siempre fue así, además existe el hábeas corpus.

Por otro lado, hay numerosos informes y auditorias sobre las precarias condiciones en estos Centros. ¿Existe alguna causa pendiente relacionada con los CIE en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas?
Pienso que no.

La reforma de la Ley de Extranjería que prepara el Gobierno español, pretende dar protección y regularización a las mujeres maltratadas que denuncien al agresor. ¿Esto es posible en otros países?
Sí, es posible. En primer lugar es una decisión de la administración, con la Ley de Extranjería.

En Cataluña se puso en marcha un plan piloto para educar a los hijos de los inmigrantes en escuelas aparte, hasta que se considere que están preparados para compartir clases con los demás estudiantes. Italia parece estar dispuesta a hacer lo mismo. ¿Constituye esto una desigualdad en el acceso a la educación?
No hay un sistema similar en Irlanda, pero la realidad es que en los barrios con mayor cantidad de inmigrantes hay escuelas con alta densidad de estos estudiantes. Pero también está la necesidad en las escuelas de instruir en inglés, en nuestro sistema es posible la desigualdad para quienes no aprenden el idioma.

¿Debería ampliar sus competencias el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en materia de inmigración y asilo?
Cuando haya más derecho sobre el tema, las competencias se ampliarán.

Los inmigrantes en situación irregular tienen temor a denunciar en los juzgados los abusos en materia laboral y derechos humanos. ¿Cómo deberían afrontarse este tipo de situaciones?
Es un problema difícil. Debería ser una acción práctica, para poder denunciar sin ser expulsados.

¿Cuál es la mejor solución jurídica para la situación de los ‘sin papeles’, ya que es virtualmente imposible a los ocho millones que se encuentran en Europa?
En Irlanda no existen centros donde los inmigrantes son encerrados. Lo que hay son sitios donde viven mientras esperan su expulsión y pueden entrar y salir libremente de ellos.

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