Albania Martínez Ferrer. María Consuelo Rumí Ibáñez (Almería, 1957) fue sindicalista y educadora antes de dedicarse a la política. De ahí le viene el tono pedagógico, las ganas de explicar a cualquiera sus puntos de vista y sus actos. Por su experiencia es una de las personas que más conoce la inmigración en el Gobierno de Zapatero, pues desde el 2004 es secretaria de Estado de Inmigración y Emigración.

Una de las primeras medidas anunciadas para paliar la crisis fue el recorte de la contratación de
trabajadores extranjeros.
La inmigración está intrínsecamente ligada al mercado laboral y por eso en época de expansión del mercado laboral hemos necesitado muchos trabajadores de fuera de nuestro país. Ahora que vivimos un período diferente en el que no se necesitan tantos trabajadores por el momento económico que estamos viviendo, parece lógico pensar que va a haber menos contrataciones en origen porque así es como está regulado.

Pero los empresarios siguen pidiendo mano de obra extranjera.
Lo que ha demostrado esta situación es que los instrumentos que diseñamos para ordenar el flujo legal de trabajadores sirven y nos dicen para qué lugares y para qué ocupaciones vamos a necesitar trabajadores extranjeros. El catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, esa definición de necesidades se hace para los trabajadores estables, aquellos que vienen al menos por un año a trabajar a nuestro país. Luego tenemos otra forma de contratar que está vinculada a los trabajos de temporada.

¿Por qué reformar la Ley de Extranjería en este momento?
La adaptación de la Ley de Extranjería no está vinculada ni al momento económico ni a ningún otro momento coyuntural. Esta adaptación de la ley era obligada porque tenemos sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que nos obligan a incluir en la Ley derechos que ésta no recoge. Hay directivas europeas que tenemos la obligación de trasponer, directivas vinculadas a sanciones a los que trafican con personas, directivas que vinculan a los transportistas a unas obligaciones para con el Estado, directivas vinculadas a un nuevo estatus para las personas que llevan más de cinco años en nuestro país. Además, es un buen momento para hacer una reflexión sobre qué no ha funcionado bien de la ley, o qué no está en la ley que debiera estar, o qué no debiera estar. Y tenemos un mandato del Congreso de los Diputados.

Varias ONG y asociaciones de inmigrantes han criticado la intención del Gobierno de endurecer el reagrupamiento familiar.
Yo creo que no hay ninguna duda sobre la sensibilidad de este Gobierno para mantener a la familia unida. Pero también es verdad que ponemos condiciones y que esas condiciones las tenemos en nuestro reglamento ya. Lo que queremos es que las tenga la Ley. Vamos a proponer como un cambio en el reagrupamiento familiar que aquellos menores reagrupados entre 16 y 18 años puedan venir con una autorización para trabajar, puesto que están fuera de la edad de enseñanza obligatoria y pueden no querer estudiar o, por diversas circunstancias, no hacerlo.

La UE avanza hacia políticas comunes de inmigración. ¿Cómo ve el futuro en el continente?
Europa ya no va a ser la misma, se quiera o no se quiera, como España tampoco va a ser la misma. Estamos en sociedades donde vamos a compartir razas, religiones, formas de pensar y lo que tenemos es que aprender a convivir bien para que sea positivo para todos nosotros.

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