Albania Martínez Ferrer, Bruselas. Manfred Weber (PPE) es el ponente principal del informe parlamentario sobre la directiva de retorno de inmigrantes indocumentados, emitido por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, y discutido en el Consejo Europeo antes de ser sometido a votación, previsiblemente, el próximo 4 de junio.

¿Cuánto le va a costar a Europa aplicar esta directiva?
No sé cuánto dinero costará pero la cuestión central no es enviar a todos los ilegales a casa; la cuestión es decidir: ¿necesitamos a estas personas en nuestro mercado laboral? Si no es así, debemos enviarlas a casa. La situación actual de ilegalidad es la peor que nos podríamos imaginar.

¿La directiva sólo define cómo llevar a cabo las repatriaciones o también las impulsa?
La situación actual de esta gente se podría comparar a una forma moderna de esclavitud. Son esclavos modernos; no tienen derecho de ir ante un juez para defender sus intereses porque están aquí ilegalmente. Debemos dar fin a esta situación y ése es el objetivo de la directiva. Cuando entre en vigor, cada Estado miembro deberá decidir si les da un estatus legal, la posibilidad legal de trabajar aquí, o los envía a casa.

Parece que el mensaje es que sobra gente en Europa
Un enfoque centrado por parte de la UE incluye, por una parte, la repatriación de la gente que está aquí ilegalmente; por otra, debe quedar claro que necesitamos crear más posibilidades de que la gente venga a la UE a trabajar de manera legal. Todos nuestros ciudadanos deben saber que necesitamos a estos trabajadores para el futuro de la Unión, trabajadores cualificados y también no cualificados.

¿Qué se ha conseguido con esta directiva?
Para el Parlamento Europeo, durante la negociación ha sido muy importante definir las garantías. Por ejemplo, la protección de los menores, de las familias; que las prisiones normales no sean utilizadas como centros de detención, etc. La UE está protegiendo a su población. Esto es necesario, aunque también somos la tierra de los valores, de las garantías mínimas para la gente ilegal.

¿Por qué le ha costado tanto al Consejo llegar a un acuerdo?
Desde mi punto de vista, estamos en una situación crucial. Los países están discutiendo la materia a nivel nacional y no desean una regulación europea. El Parlamento defiende la necesidad de la directiva porque queremos fijar estándares mínimos para toda la UE. Para ser sincero, es una situación histórica: es ahora o nunca en los próximos 10 ó 15 años.