El “malestar” producido por la aplicación de leyes migratorias entre España y Brasil llegó a los círculos diplomáticos y será ahí donde finalmente se resuelva el descontento que ya se percibe incluso entre la gente de a pie de ambos países, como muestran los comentarios de lectores enviados a este periódico.

Sin embargo, ese diálogo “de altura”, que se prevé para la próxima semana en Madrid, no hubiera sido posible si el Gobierno de Brasil no hubiera tenido la valentía de defender la dignidad de sus ciudadanos con la simple aplicación del principio diplomático de “reciprocidad”, que no es otra cosa que endurecer la vigilancia en el cumplimiento de medidas que ya existían sobre migración y extranjería, del mismo modo que Europa ha endurecido, apegada a derecho, los controles migratorios.

Los ciudadanos de otros países que no han tenido el arrojo de Brasil seguirán sufriendo la incertidumbre de no saber si serán admitidos en España cuando lleguen al aeropuerto, pues uno de los grandes debates en torno a las políticas europeas que aplica España con más rigor es la subjetividad de los criterios: a unos sí, a otros no, según el funcionario de turno, le pueden ser exigidos los requisitos a los viajantes.

Ése es uno de los puntos que peleará Brasil, que haya reglas claras, y los países que no alzaron la voz se beneficiarán por descontado.

Lo incomprensible de la posición española es que supuestamente Europa, y en especial España, quiere un flujo migratorio más ordenado, que pase por seguir contratando trabajadores extranjeros en origen y por cerrar las fronteras a la inmigración ilegal.

Entonces, si se ha reconocido que la mayor parte de la inmigración “ilegal” llega legalmente por los aeropuertos españoles, ¿por qué no entonces poner un visado de turista a todos los ciudadanos latinoamericanos?

De ese modo se evitan malos entendidos, los viajeros saben de antemano si entrarán o no a Europa, con lo cual sin visado no viajarán y probablemente ni siquiera se les venda un billete de avión. También se evita la desagradable situación de que personas comunes pasen días encerrados como delincuentes en salas de los aeropuertos, y se extirpa de raíz el posible mal comportamiento de algún elemento descarriado del Cuerpo Nacional de Policía o de la Policía Federal de Brasil que, harto del horario y tras un mal día, pueda soltar un insulto a algún extranjero con ganas de pelear por defender sus derechos.

Estados Unidos, el mayor receptor de inmigrantes, no se ve envuelto a menudo en este tipo de escándalos, por una cuestión de coherencia: al que quiera venir, que pida visado. “Este no es un país abierto a todos”, podría resumirse la política estadounidense de migración, que incluso pide visa a sus socios comerciales. Una cosa es la amistad y otra muy distinta es el negocio. Y esto aplica tanto entre personas como entre países.

Y jugar a medias tintas sólo abona el terreno para el maltrato a los viajantes en ambos países –España y Brasil– y para que ciudadanos españoles y brasileños se recriminen mutuamente si uno es más muerto de hambre que el otro o si el gobierno de uno es más malo que el otro.

Pero como siempre, la política manda por sobre la razón. ¿Quién va a ser en España el que ponga un visado de turista a todos los países “hermanos” iberoamericanos? Definitivamente sería más justo para todos, pero menos correcto.