Buenos Aires. Las entidades de agricultores argentinos paralizarán a partir de este miércoles hasta el 15 de mayo la venta de granos para la exportación, al reiniciar sus protestas contra la política fiscal del gobierno, anunció Mario Llambías, uno de los líderes del sector.

El nuevo plan de lucha, anunciado en rueda de prensa por Llambías junto con sus pares de las cuatro mayores organizaciones agropecuarias, incluye también una movilización de productores a la vera de las rutas, pero sin afectar el abastecimiento de alimentos a las ciudades.

Las entidades dieron así por finalizada la tregua en el conflicto con el gobierno, al fracasar las negociaciones y ser rechazada su demanda de eliminar un programa de alza de impuestos a las exportaciones de granos, en particular la soja, el principal producto exportable.

Durante la huelga de 21 días que cumplieron los agricultores en marzo, fueron bloqueadas unas 400 rutas estratégicas y se produjo un inédito desabastecimiento de alimentos y otros insumos en las más grandes urbes, incluyendo Buenos Aires.

La falta de oferta provocó además un alza importante en el precio de los alimentos.

En Gualeguaychú (230 km al noreste de Buenos Aires), donde se realizó uno de los cortes de ruta más combativos de la pasada huelga, los productores comenzaron la noche del miércoles a impedir el paso de camiones cargados con granos para exportación, en la estratégica ruta 14.

"De las rutas no nos vamos hasta que no llegue la solución, cueste lo que cueste", aseguró Alfredo de Angelis, cabeza del ala más dura de los productores a la prensa en el lugar.

Las autoridades descartaron hasta ahora liberar las carreteras por la fuerza y durante la jornada mantuvieron una discreta vigilancia por parte de Gendarmería (policía de frontera) en la llamada 'ruta del Mercosur'.

Sin embargo, caída la noche arribaron al lugar unos 400 efectivos para reforzar el operativo, indicaron cronistas de televisión en el lugar.

La puja con el campo guarda especial relación con la renta del llamado 'oro verde': la soja generará este año unos 24.000 millones de dólares, de los cuales el fisco intenta captar unos 11.000 millones por la vía de impuestos, lo que el campo considera confiscatorio.

Horas antes de lanzar la protesta, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, había lanzado una severa advertencia al señalar que "si paran (los agricultores), que se atengan a las consecuencias".

El conflicto desembocó en crisis política, con cacerolazos de la oposición en grandes ciudades y un gran mitin del oficialismo en defensa de la presidenta, además de forzar la renuncia del joven Martín Lousteau como ministro de Economía, reemplazado por el fiscalista Carlos Fernández.

Una esperanza de arreglo se había encendido el martes, pero se derrumbó cuando el gobierno se negó a eliminar los tributos flotantes como lo reclamaban las asambleas de agricultores como condición indispensable para evitar la huelga.

Las 'retenciones' (impuestos a las exportaciones) móviles significan que la tasa impositiva crece en forma proporcional al aumento de los precios internacionales de las materias primas agrícolas.

Entre los agricultores rebeldes también figuran los productores de carne y leche, y los que piden refinanciar deudas.

El gobierno "trata de actuar para que en el mercado interno no aumenten los precios en base al mercado internacional", dijo una fuente gubernamental que pidió reserva de identidad a la AFP.

"Si los precios locales siguiesen a los internacionales, sería imposible vivir en Argentina", dijo la fuente del Gobierno, cuyo objetivo es controlar una inflación que algunas consultoras privadas ubican entre 20% y 30% anual.
AFP