Almería. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, aseguró que los hijos y nietos de los españoles que emigraron entre 1936 y 1955 a otros países, podrán iniciar a partir del 28 de diciembre el trámite en los consulados para acceder a la nacionalidad, tal y como establece el Estatuto de Ciudadanía Española en el Exterior aprobado durante la pasada legislatura.

En declaraciones a los periodistas durante el acto de inauguración del I Congreso de Derecho y Ciudadanía Española en el Exterior que acoge la Universidad de Almería (UAL), Rumí se felicitó por este nuevo hito con respecto al desarrollo de la citada ley y a una medida que, según subrayó, "es de las que más impacto está teniendo fuera de nuestras fronteras". Será transitoria por un período de dos años, prorrogable a un tercero, para quienes cumplan los requisitos.

Pero una de las comunidades autónomas que mayor cantidad de emigrantes vio partir en el siglo pasado, tachó la medida de insuficiente. El responsable de emigración de la Xunta de Galicia, Manuel Luis Rodríguez, cree que la disposición no resuelve todos los casos de los descendientes, pues muchos de ellos salieron de España fuera del período.

Mientras Rumí enfatizó cómo el Gobierno central ha conseguido "restaurar" la "deuda histórica" con aquellos que perdieron la nacionalidad española "por diferentes motivos --matizó-- pero siempre con el denominador común de estar vinculados al éxodo obligado por la Guerra Civil o la situación de miseria y hambre" que se derivó del conflicto, para Rodríguez el proceso seguirá cerrado para personas que, por ejemplo, sean nietos de abuelos que perdieron la nacionalidad antes del nacimiento de sus descendientes.

Hay otros supuestos que estarían excluidos de la Ley de Memoria Histórica, como no haber asumido la ciudadanía al llegar a la mayoría de edad, haber hecho el servicio militar en un país no autorizado por el Gobierno de la época.

El portavoz de Emigración del Partido Popular, manifestó su desacuerdo sobre el desarrollo de las disposiciones de la Ley. Para José Manuel Castelao es "imperdonable dictar una Ley cuando se sabe que está cometiendo una injusticia". En la misma línea se expresó el diputado nacionalista -BNG- Iago Tabarés. Para el congresista no se cumplirá la "ilusión que se generó", expresó al diario El País.

Según ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la recuperación de la nacionalidad para los descendientes afectará a unas 500.000 personas en el exterior, principalmente en Latinoamérica. Aproximadamente 130.000 serían gallegos.

Recursos para investigar la inmigración
Rumí anunció, asimismo, que en enero el departamento del que es titular tiene previsto firmar con la UAL el protocolo para la puesta en marcha del Centro de Migraciones, un espacio físico para investigar sobre este fenómeno social y económico sobre el que, según reveló el rector, Pedro Molina, ya existe un borrador de convenio y un proyecto.

El citado órgano, que Rumí valoró como un compromiso cumplido que se pondrá en marcha el próximo año "seguro", se engloba dentro de un plan global con el que la institución académica pretende "acercar la universidad a la sociedad a través de un núcleo potente de investigación" y que se suma a los centros contra el cambio climático, salud o agricultura que se implantarán en un edificio para el que se han presupuestado cinco millones de euros.

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