Bogotá. El ex senador Mario Uribe, primo del presidente colombiano, Álvaro Uribe, se entregó el martes a la Fiscalía, después de que Costa Rica le negara el asilo político que pidió ante una orden de captura en su contra por presuntos nexos con paramilitares.

Uribe se entregó a funcionarios del organismo investigador en la embajada de Costa Rica en Bogotá, donde estuvo durante nueve horas esperando respuesta a su solicitud.

El ex presidente del Congreso fue trasladado a la sede central de la Fiscalía en el oeste de la capital, donde se definirá su sitio de reclusión.

Uribe salió de la sede diplomática en una camioneta y en medio de un tumulto de reporteros y activistas de derechos humanos, que se congregaron en las afueras para protestar contra la petición de asilo. El político se había refugiado en la embajada poco antes del mediodía, después de que un fiscal delegado ante el Tribunal Supremo de Justicia hallara méritos para pedir su detención preventiva. Pero, siete horas más tarde, la cancillería costarricense denegó la petición considerándola "improcedente". "Para la cancillería, la histórica institución del asilo no debe ser desvirtuada", señaló un comunicado.

De inmediato, el presidente Uribe se declaró dolorido por la situación. "Asumo este dolor con patriotismo, sin mengua en el cumplimiento de mis responsabilidades, con el interés único de proteger las instituciones, protección que además depende de los titulares de las otras ramas del poder público", indicó en una nota.

La acción judicial se sustenta en presuntos vínculos de Uribe con jefes paramilitares de ultraderecha -acusados de narcotráfico y delitos de lesa humanidad- e irregularidades por la compra de tierras a esas bandas.

La orden de captura contra el jefe del partido Colombia Democrática -de la coalición de gobierno- se produjo tres días después de que el Tribunal Supremo vinculara preliminarmente a la misma investigación a la presidenta del Congreso, Nancy Gutiérrez. La senadora pertenece al partido Cambio Radical, uno de los principales de la coalición oficialista que apoya al presidente Uribe.

La decisión del máximo tribunal respecto a Gutiérrez se enmarca en una gran investigación que realiza desde diciembre de 2006 sobre nexos de congresistas con las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha). Esa pesquisa, en la que también participa la Fiscalía cuando se trata de políticos que no son congresistas o han renunciado al fuero legislativo para evadir al Tribunal Supremo de Justicia, ha llevado a 31 parlamentarios a la cárcel de forma preventiva. En total la causa involucra a más de 60 personas entre congresistas, funcionarios y políticos.

La vinculación de la presidenta del Congreso al llamado escándalo de la 'parapolítica' coincide con los llamamientos de algunos sectores de la oposición para que se cierre el Congreso y se convoque a nuevas elecciones legislativas.

El presidente Uribe se reunió el domingo con los miembros de la coalición oficialista, la más afectada por las detenciones. En ese encuentro se analizaron alternativas que incluyen una reforma que le haría perder el puesto a los legisladores involucrados en las investigaciones, y la creación de un "súper tribunal" que juzgaría a magistrados, congresistas y al presidente.

Esas ideas fueron rechazadas por los dos partidos de oposición: el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) y el partido Liberal, éste último con algunos congresistas encarcelados dentro de las averiguaciones del Tribunal.
AFP