Gustavo Franco Cruz
gustavo@tribunalatina.com
Al menos un millón y medio de personas en el mundo, la mayoría en Latinoamérica, estarán pendientes del borrador que presente el Ministerio de Justicia dentro de unos días para la concesión de la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que emigraron en condición de víctimas del franquismo y la Guerra Civil. Será un documento que deberá ser discutido en el Congreso y aprobado antes del 27, que desde ya supone una avalancha de peticiones, según los cálculos del Gobierno español.
¿Cuáles serán los requisitos? ¿Cuál es el perfil de los aspirantes? Para ello el Ministerio y funcionarios del Estado han sostenido reuniones con distintos colectivos, entre ellos entidades que reivindican su condición de víctimas y descendientes de españoles. Como Helios Edgardo Quintas, presidente de la
Organización Internacional de Descendientes de Españoles (OIDE), que en su momento fuera también representante de la extinta Nietos Esperando.
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La principal preocupación de este colectivo, con una importante presencia en países como Argentina –sólo aquí se estima que hay entre 400 y 500 mil- México, Uruguay, Chile, Cuba y Venezuela, es conocer bajo qué condiciones podrán recuperar la nacionalidad de sus padres y abuelos. En el borrador de Justicia se han redactado cuatro normativas, entre reglamentos, decretos y reales decretos, según informó el diario El País.
“En el borrador quedará reflejado en una instrucción, algo muy diferente desde el punto de vista del compromiso. Es una norma administrativa interna, en cambio un Real Decreto tiene el valor de una Ley. Nos han dicho que será así, en las dos reuniones que hemos tenido”, aseguró Quintas a
Tribuna Latina.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores informaron a este medio de que esto no debería afectar a los descendientes y que en todo caso, “habrá que ver cómo evoluciona la aprobación del borrador, pues la prudencia nunca es suficiente en estos casos”.
La OIDE también recomienda que los interesados inscriban a sus ascendientes, aunque hayan fallecido, en los registros civiles de España y en los consulados. Este será un requisito obligatorio, informaron a la organización la directora general de Registros y Notariado, Pilar Blanco, en una reunión el pasado 11 de septiembre, junto a la subdirectora de Nacionalidad y Estado Civil, Gloria Bodelón Alonso.
De la labor también se encargaría el embajador especial que será enviado en misión para tratar con los distintos gobiernos extranjeros el voto de los inmigrantes. Gonzalo de Benito, que será posesionado en diez días, también se reuniría con las distintas organizaciones y representantes de los hijos y nietos de aquellas personas emigradas “por exilio político o por la situación de pobreza y miseria" que provocó la dictadura, explicó en su momento quien fuera portavoz socialista en el Congreso, Diego López Garrido.
Una vez aprobada, la nacionalidad podrá solicitarse durante dos años, es decir, hasta el 29 de diciembre de 2.010. Existe la posibilidad de que este plazo se prolongue por un año más. Este proyecto ha suscitado ya tanto interés en Latinoamérica, que incluso han surgido en el mercado servicios pensados en los beneficiarios, como el del portal argentino
www.ciudadaniaseuropeas.com, que ofrece desde simples asesorías, hasta el rastreo de documentos a través de una investigación genealógica.
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