Mucho se ha comentado en las últimas semanas sobre Italia y la deriva ultraconservadora que está tomando en materia de libertades y derechos humanos. Les vendrá el nombre de Eluana –descanse al fin en paz– pero no es de ella de quien quiero hablarles. Quiero hablar de los que no tienen nombre –por el título del artículo ya imaginarán–, gli immigrati irregolari, los no-personas, los inmigrantes. El 23 de Mayo de 2008, Berlusconi aprobó por Decreto un texto (presto a su aprobación definitiva) sobre “Medidas urgentes en materia de Seguridad Pública”, del cual a España ha llegado como algo sorprendente el precepto que permite a los médicos italianos denunciar ante las autoridades a los inmigrantes irregulares a los que atiendan, pero es que hay más, mucho más.

El inmigrante irregular que sea detenido en Italia pasará irremediablemente a un CIE (allí se llaman Centros de Identificación y Expulsión) durante 60 días, le será impuesta además una multa que oscilará entre los 5.000 y los 10.000 euros y, si después de eso aún sigue sin obedecer la orden de expulsión, podrá ser encarcelado durante cuatro años. Se establece el agravante penal de ser inmigrante irregular para cualquier delito que se cometa. Los inmigrantes irregulares sin domicilio fijo no tienen derecho a ser inscritos en el padrón municipal, para ellos se guarda una lista específica de vagabundos donde sí estarán registrados por seguridad.

Paradójicamente, hay otra norma en ese Decreto que impide a los inmigrantes irregulares acceder a una vivienda, con lo cual, difícilmente van a poder ser empadronados. Y por si les quedaba un último recurso, dar el domicilio de algún italiano solidario u otro extranjero residente, ya se encargó el mencionado Decreto de no dejar ningún cabo suelto, castigando severamente a quienes ayuden a los inmigrantes irregulares. Eso sí, de los empresarios que viven de la economía sumergida a costa de explotar a inmigrantes sin contrato, nada dice el Decreto. El inmigrante irregular en Italia se ve así avocado a la más absoluta clandestinidad, a malvivir abandonado por todos en el intramundo de las ciudades. Pero el mencionado Decreto no se queda ahí, también impone la obligatoriedad de mostrar documento de identidad o permiso de residencia para acceder a la mayoría de servicios civiles, como pueden ser enviar una remesa de dinero, inscribir a un hijo en un colegio o algo tan simple como entrar a un locutorio. El inmigrante irregular queda de esta manera excluido totalmente de la vida de las personas; se impone su caza y sin derecho a nada deberá marcharse, hacerse invisible o vivir donde viven los no-humanos, las alimañas, los animales, en el bosque, en la campiña, entre las bestias –disculpen si les parece algo fuerte esta comparación, me ha surgido espontáneamente–.

Pero el cerco al inmigrante no se limita a los “sin papeles”, también se preocupa la nueva norma de los extranjeros con permiso de residencia, para los que aumentan las tasas a pagar por cualquier trámite, se complican los requisitos para acceder a la residencia o a la reagrupación familiar, se prevé un futuro permiso por puntos con contrato de integración, se abre una puerta continua a la irregularidad sobrevenida con unos plazos abusivos o demasiado cortos y se les castiga con elevadas multas, y hasta la pérdida de la libertad, por algo tan simple como no mostrar el permiso de residencia (aún teniéndolo) cuando sean requeridos para ello.

Y esto, todo esto, está sucediendo en Italia, el mismo país de la “democrática” Europa que ha ratificado la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como texto de referencia, donde en su artículo 1º se dice: La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida. Sólo entiendo una manera de que Italia cumpla con esta Carta, postulando que los inmigrantes irregulares no son humanos y carecen por tanto de dignidad. Casualmente, en España también han sido noticia reciente los cupos mensuales de detención de “sin papeles” en Madrid, y mientras escribo este artículo nuestro Gobierno “socialdemócrata” prepara modificaciones en la Ley de Extranjería para castigar también aquí a los que ayuden a los inmigrantes irregulares y aumentar a 60 los días de encierro en un CIE. Demasiados paralelismos que deberían darnos qué pensar: tal vez italianos y españoles no estemos tan alejados. Lo dice uno que es medio español y medio italiano, poco orgulloso de serlo, pero… no me dieron a elegir.