Mariana Cantero. Unas doscientas personas asistieron ayer a la III Jornada de Lengua e Inmigración, organizadas por la Secretaría de Política Lingüística. El encuentro, que inauguró Josep Lluís Carod-Rovira, vicepresidente de la Generalitat, se centró en el análisis de la políticas lingüísticas que se ejecutan desde Cataluña y la Unión Europea.

Oriol Amoròs, Secretario de Inmigración, recordó en el acto que las líneas de acción del gobierno catalán en esta materia dependen de unos presupuestos que provienen de Madrid. “Tenemos el fondo estatal congelado”, reclamó Amoròs, para el que los recursos destinados a la promoción de la lengua deberían ser “propios” de la Generalitat. El Secretario de Inmigración remarcó también que el problema de la lengua no son los recién llegados, sino el “uso social” que se registra del catalán en la calle.

Después Claire Extramiana, delegada para la lengua francesa y las lenguas de Francia, presentó los resultados del estudio comparativo de las distintas políticas lingüísticas orientadas a los adultos inmigrantes que se desarrollan desde los países miembros de la Unión Europea. Estos datos fueron presentados el pasado junio en el Consejo de Europa, integrado por 47 estados (no todos integran la UE).

La fotografía de la situación que presentó Extramiana demuestra que la adquisición de la residencia permanente y/o la ciudadanía está ligada en varios países europeos al dominio del idioma. En algunos de estos países, en cambio, “se hace una prueba de nivel antes de que los inmigrantes ingresen en territorio nacional”, explicó Extramiana, como en Italia, donde el conocimiento de la lengua es requisito para la obtención del permiso de trabajo. Por su parte Austria, Alemania, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, los Países bajos y Reino Unido exigen un nivel de dominio de la lengua específico a la hora de otorgar a un inmigrante su DNI.

Hay casos donde los requisitos no son tan claros, como en Noruega, donde el curso de introducción al idioma puede durar de 300 a 3000 horas y es obligatorio, pero el exámen que certifica el nivel de adquisición de la lengua no lo es . Francia, por su parte, ofrece cursos gratuitos de 200 a 400 horas lectivas y en los Países Bajos no hay un sistema estatal que incorpore a los recién llegados en el dominio de la lengua; allí la oferta es privada. “El inmigrante adulto, que en esos países necesita preparar un exámen de integración, tiene que buscarse sus clases de idioma”, explicó Extramiana. En contraposición, en Dinamarca se imparten cursos gratuitos de hasta 2000 horas lectivas de forma gratuita. Austria y Alemania, por su parte, han adoptado un modelo de pago mixto; la carga económica que implican los cursos se reparte entre el inmigrante y el Estado por igual.

Por último, Extramiana comentó que, además de poner la lengua como requisito, algunos de los estados europeos ponen la barrera del conocimiento de otros aspectos sociales antes de otorgar derechos a los inmigrantes o entregarle su documentación, como el dominio de la historia, organización política o geografía de los países receptores.

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