Roma. El nuevo y tercer Gobierno de Silvio Berlusconi en Italia prepara la aprobación de una batería de medidas contra las personas inmigradas que residen en ese país sin soggiorno o permiso de residencia. Que la inmigración ilegal sea un delito, con arresto y ampliación de la detención en un centro de internamiento hasta por 18 meses, para esperar que se ejecute su expulsión.

"Los ciudadanos italianos no exigen al gobierno de Silvio Berlusconi un comportamiento racista o xenófobo, algo que jamás va a aceptar, sino una actitud firme contra la inmigración clandestina", aseguró Franco Frattini, nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Italia, informó la agencia AFP.

Con un firma apoyo en el Parlamento y un ejecutivo consolidado, Gobierno espera reformar la Ley de extranjería con un decreto que introduciría reformas para endurecer los controles y reducir los flujos.
Algunas de las medidas que fortalecerán el muro administrativo que ya divide Europa de los países emisores de trabajadores, son el patrullaje preventivo en aguas internacionales para evitar la entrada de cayucos con inmigrantes subsaharianos, el endurecimiento para la solicitud de asilo. Limitar el ingreso de los reagrupamientos familiares y emplear exámenes de ADN para comprobar los vínculos de los solicitantes.

También se busca que los condenados por delitos menores utilicen un brazalete electrónico y el desalojo de los campamentos de gitanos, al mismo tiempo que se dará permiso de residencia sólo a quienes demuestren ingresos legales.

"Esas medidas preocupan a los inmigrantes que huyen de sus países por hambre o por las guerras", comentó en el diario La Repubblica Vittorio Nozza, de la organización católica Caritas, especializada en asistir a los imigrantes, que en un reciente informe estima que en Italia viven 3 millones 700 mil extranjeros. De éstos, unos 556.000 rumanos, que ya han sido ubicados en el punto de mira del ministro de Interior, Roberto Maroni.

"Someterlos a exámenes del DNA sería inconstitucional", sostiene por su parte el ex magistrado Carlo Federico Grosso, experto de Derecho penal. "El gobierno está trabajando demasiado rápido y puede cometer graves errores. ¿Piensan realizar miles de procesos a miles de gentes encarceladas? Una locura", comentó.
La idea de considerar un delito la inmigración clandestina, con penas que van de los seis meses a los cuatro años, anunciada por la prensa, fue rechazada también por el cardenal Renato Martino, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz.

Mientras las actitudes más radicales han tomado fuerza luego de que se registraran en los últimos meses atracos en varias ciudades, por parte de ciudadanos rumanos y gitanos, otros sectores reclaman políticas para reglamentar la inmigración y favorecer los mecanismos legales.

Redacción y agencias