Madrid. La justicia española no extraditará a la ex presidenta argentina María Estela Martínez de Perón (Isabelita) a su país por considerar que los delitos por los que está reclamada no son de lesa humanidad y por tanto han prescrito, informaron el lunes fuentes judiciales.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado entregar a Argentina su ex presidenta María Estela Martínez, más conocida como 'Isabelita' Perón, perseguida por la justicia de su país por su presunta implicación en los crímenes de la Triple A y en la desaparición de dos ciudadanos argentinos.

La ex presidenta argentina ya compareció el pasado día 14 ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en una vista en la que se discutió el asunto de su extradición.

'Isabelita', que gobernó Argentina entre 1974 y 1976, fue detenida en su domicilio madrileño el 12 de enero de 2007 por orden del juez Juan del Olmo, después de que la Justicia argentina solicitara su arresto. El magistrado decidió dejarla en libertad provisional con comparecencias quincenales a la espera de la decisión sobre su entrega.

En dos ocasiones se ha negado a ser extraditada de forma voluntaria a su país alegando que tiene nacionalidad española. Durante la vista celebrada esta mañana, presidida por el juez Fernando García Nicolás, la defensa de 'Isabelita' insistió en este argumento e incidió además en que los tribunales argentinos carecen de jurisdicción para juzgarla.

El letrado recordó también la avanzada edad de María Estela Martínez, de 76 años, y su delicado estado de salud que ha provocado al menos una hospitalización en España. A su salida de la vista, 'Isabelita', que declinó realizar declaraciones, fue conducida por un vehículo que quedó estacionado en la puerta lateral de la Audiencia Nacional con objeto de facilitar su desplazamiento. Por su parte la Fiscalía apoyó la extradición de la antigua mandataria.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal dictará un auto en el que reflejará en un plazo aproximado de una semana, informaron fuentes jurídicas.
Agencias