Gustavo Franco
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Las restricciones para los inmigrantes han llegado en firme con la crisis. El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha anunciado que en las reformas de la Ley de Extranjería previstas para el último trimestre del año, con el fin de que se adapte a las nuevas normativas que prepara el Parlamento Europeo, buscará incluir limitaciones a la reagrupación familiar. El núcleo de parientes al que se permitiría, serían los padres e hijos menores de 18 años, quedando excluidos los ascendientes -o sea los padres- y los suegros.
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Esta medida no entraría en contradicción con las disposiciones europeas, que dejan a decisión de cada Estado incorporar o no a los ascendientes en los mecanismos de reagrupación. El argumento que esgrime el titular de la cartera responsable de Inmigración, Celestino Corbacho, es que estas personas aportan muy poco a las arcas del Estado en relación a las prestaciones sociales que reciben, especialmente en sanidad.
Estas cuestiones, así como el plazo de detención en los Centros de Internamiento, la devolución del paro para estimular la repatriación, serán tratadas en la reunión de la Comisión sectorial de Inmigración el 9 y 19 de julio. Además, Corbacho pretende poner sobre la mesa otro asunto novedoso. Éste sería la coordinación de los tiempos de llegada de los menores reagrupados, para que coincida con el inicio del calendario escolar. Así evitaría las dificultades que tienen los estudiantes y los centros para completar el proceso de integración, pues según Corbacho, las escuelas son sometidas a una presión.
Consciente de que iniciar el curso escolar a tiempo con el resto de alumnos no es el único obstáculo, el ministro también ha contemplado que la reforma incluya conceder permisos de trabajo a los menores de 16 y 18 años, para que puedan acceder a cursos de formación profesional y optar por vías laborales.
Retorno voluntario
Los inmigrantes que engrosen las filas, cada días más numerosas, de desempleados en España, podrán desde julio acceder al pago adelantado del paro. Como estímulo a la repatriación, quienes acepten de manera voluntaria volver a su país podrán cobrar en dos partes la prestación de desempleo.
Aún no se ha explicado íntegramente la medida, pero el ministro adelantó que los pagos serán del 40 y 60 por ciento. Al menos un millón de personas serían candidatas de aprovechar este programa, según cálculos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Aceptar el pago del paro involucra también renunciar a los permisos de residencia y trabajo, con un compromiso de no regresar a España en los siguientes tres años. Pasado ese tiempo, el extranjero podría optar por volver, pero no tiene nada asegurado. Y después de cinco años, su solicitud gozará de carácter prioritario por parte de la administración.