Tribuna Latina / Barcelona
“Exigimos al Govern la retirada de esta medida”, es la firme conclusión del manifiesto en contra de la propuesta del Conseller de Educació de la Generalitat, Ernest Maragall, de crear centros educativos para inmigrantes. La medida, según el funcionario, permitiría ubicar a los hijos de los extranjeros en centros especiales cuando el curso ha iniciado. Permanecerían durante un tiempo determinado para recibir la formación necesaria para ingresar a los centros normales en iguales condiciones que el resto de alumnos.

Rechazada por un amplio sector de la sociedad desde que fue propuesta, gremios de estudiantes y maestros, asociaciones de vecinos e inmigrantes y los sindicatos CCOO, UGT y Sos Racisme, entre otras entidades, han firmado el documento donde reflexionan sobre las consecuencias que podría tener la propuesta.

“Es una acción de gobierno incoherente con otras iniciativas planteadas para avanzar en temas de ciudadanía e integración (...) Se manifiesta la falta de transversalidad y coordinación de las políticas en favor de la convivencia. Esta irresponsabilidad y ausencia de visión política tiene y tendrá consecuencias en un plan social”, dice el documento llamado “Avancemos en convivencia desde la escuela”.

En Catalunya hay 133.000 alumnos extranjeros, desde la escuela Primaria hasta la Formación Profesional. Esto representa un 12,5% del total, pero hay centros donde constantemente están llegando nuevos alumnos y esta proporción puede llegar a ser de hasta el 40%. Por el momento, las escuelas especiales para extranjeros es sólo un proyecto, pero la polémica está servida.

Uno de los principios agitados con mayor frecuencia por sus opositores, ha sido el de la igualdad. “Es una acción política discriminatoria que fomenta la desigualdad, la discriminación y la estigmatización del colectivo inmigrante (...) Es especialmente grave y una falta de rigurosidad experimentar en el ámbito de la educación (...) Este tipo de medidas ya se han puesto en práctica con evidente fracaso en otros países europeros, como Inglaterra”.

Y también se cuestiona la falta de participación al plantear un nuevo panorama educativo: “de ninguna manera se justifica no haber contado con los agentes implicados, entre ellos profesionales y el tejido asociativo”. El manifiesto también asegura que la presencia del alumnado proveniente de otros países no es ninguna novedad en Catalunya y que las aulas de acogida funcionan bien, pero que “si no llegan a dar respuesta a las necesidades actuales, es debido a una gran falta de recursos humanos y económicos”.

Por último proponen que todos los centros, incluidos los concertados, reserven plazas para acoger a los estudiantes que llegan con el curso comenzado. Tal como fue expuesto, el proyecto constituye una “propuesta segregadora, que crea categorías entre los estudiantes, fomenta tópicos y prejuicios ya extendidos en la sociedad, que son la base para que se den casos de discriminación racista y xenófoba”.