Lima. La decisión de enviar 1.500 efectivos militares para controlar instalaciones petrolíferas y carreteras parcialmente ocupadas por indígenas amazónicos ha provocado un aumento de la tensión en torno al conflicto iniciado hace diez días y sin visos de solución. El Gobierno y estas comunidades están enfrentadas por la derogación de un conjunto de leyes que, según los indígenas, atenta contra el derecho a la propiedad de sus tierras, ricas en recursos energéticos.

La movilización de tropas del Ejército y la Policía fue confirmada anoche por el primer ministro, Jorge del Castillo, después de que el Gobierno decretara el estado de emergencia en tres provincias y un municipio selváticos, escenarios de las ocupaciones y bloqueos.

"Las medidas constituyeron una declaración de guerra a los nativos y una provocación que puede derivar en enfrentamientos de suma gravedad", advirtió el presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, Alberto Pizango, quien explicó que algunos de los grupos indígenas han tenido escaso contacto fuera de su entorno selvático.

Pizango remarcó que los indígenas amazónicos son pacíficos pero no se dejan amedrentar y están dispuestos a morir en defensa de sus derechos a la tierra y el territorio, según informa la agencia Prensa Latina.

La protesta rechaza una serie de decretos que facilitan, por exigencias de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, la privatización de las tierras comunales indígenas y la venta de territorios selváticos a empresas transnacionales. La manifestación ocurre cuando el Gobierno ha manifestado su interés en incrementar las reservas de gas y petróleo para hacer frente a una eventual crisis energética y convertirse en el nuevo proveedor de Sudamérica.

Los originarios exigen que los decretos sean anulados y demandan dialogar con Del Castillo, quien pone como condición que las protestas sean levantadas y ha adelantado la negativa del Gobierno a anular los decretos.

Agencias - Redacción