Bogotá, 31 de agosto. La revista colombiana
Semana vuelve a poner en evidencia al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), responsable de las operaciones de inteligencia en el país, al desenmascarar que, pese a que los cuatro ex directores del organismo están siendo investigados por escuchas ilegales y espionaje a funcionarios y políticos opositores, esa práctica se sigue aplicando.
En su edición del domingo, el semanario colombiano asegura tener grabaciones recientes que demostrarían la continuidad del espionaje, y al parecer el actual director del DAS, Felipe Muñoz, no estaba al tanto, porque de inmediato solicitó a la Fiscalía “que dentro del respeto a la libertad de prensa y la protección de las fuentes periodísticas, se le solicite a revista Semana las grabaciones y demás pruebas que señala tener en su artículo, y que dan cuenta de que se hubieran realizado en las últimas semanas por el DAS para que obren como prueba en el proceso”.
Querían ser avisados para "fijar posición"
Sin embargo, el director del DAS recrimina a los editores de
Semana que no se les haya avisado de las escuchas antes de publicar el artículo: “Revista Semana, no nos ha dado la oportunidad de confrontar las afirmaciones realizadas en ninguno de los artículos, posteriores a los del domingo 22 de febrero de 2009, bajo el título 'El DAS sigue grabando', y en los cuales se hacen fuertes señalamientos contra el DAS y contra las medidas que hemos venido adoptando en el ajuste institucional, como en las ediciones 1411, 1413, 1419 y este último número 1426 de 2009, lo que hubiera permitido tener la posibilidad de fijar la posición sobre todos estos temas”, reza un
comunicado emitido por el DAS (pdf).
La revelación de Semana en febrero de este año hizo que la Fiscalía allanara la sede del DAS y vinculara a la investigación por espionaje a los cuatro ex directores del organismo: Jorge Noguera, Andrés Peñate, Joaquín Polo y María del Pilar Hurtado. Además, 10 ex directores de inteligencia, contrainteligencia y funcionarios regionales del DAS se entregaron en julio ante la Fiscalía, que había dispuesto su captura por el delito de “concierto para delinquir”.
El espionaje denunciado en febrero se hizo contra activistas de derechos humanos, periodistas y magistrados, e incluía fotografías de familiares, saldos de cuentas bancarias y datos personales como si bebían o tenían amantes, según el expediente en el cual se basa la investigación.