Celestino Corbacho, alcalde de L’Hospitalet de Llobregat, una de las ciudades con la tasa de inmigrantes más alta de España, y él mismo emigrante –pues llegó de Extremadura a Cataluña con trece años–, es el flamante ministro de Inmigración.

No es extraño que Zapatero haya elevado el rango político de la inmigración, redenominando el Ministerio de Trabajo como de Trabajo e Inmigración. La inmigración es una de las mayores preocupaciones de la sociedad española, lo cual es lógico, pues aunque España no posee las tasas de inmigración más altas de Europa, sí es el país en que los inmigrantes han crecido más rapidamente en los últimos años, al amparo del alto crecimiento económico y las crisis político-económicas de países como Bolivia, Ecuador o la propia Argentina.

La desaceleración económica y la crisis de la construcción, sector que concentra gran número de trabajadores inmigrantes, hacen imprescindible el desarrollo por el Gobierno español de políticas específicas que eviten que esta cuestión, como ya pasó en la pasada campaña electoral, se convierta en el centro del debate político, lo que sólo puede perjudicar a los inmigrantes.

Para ello debe huir tanto de criminalizar a un colectivo de más de cuatro millones y medio de personas como de hacer una política basada exclusivamente en el “buenismo”.

Por ello sería conveniente combinar la mejora de las condiciones de vida de los que ya están aquí con un freno a la llegada de más inmigrantes sin contrato de trabajo.

Los inmigrantes deben tener los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos españoles, por ello deben intensificarse las inversiones en educación y vivienda asequible, para evitar guetos que favorezcan que la segunda generación de inmigrantes, que ya no sienten el agradecimiento de sus padres al país de acogida y en cambio pueden sentirse ciudadanos de segunda, se sientan integrados y con posibilidades de ascenso social. En las próximas elecciones municipales todos los residentes deberían poder votar.

Además debe favorecerse la reagrupación familiar, por una cuestión de estricta justicia, a la vez que endurecer los controles de entrada a las personas sin contrato de trabajo, agilizar la repatriación de los que intenten entrar ilegalmente o expulsar a quienes deliquen.

Asimismo es imprescindible trabajar conjuntamente con los países de origen, que muchas veces necesitan el capital humano que tuvo que emigrar, para facilitar la vuelta de quienes lo deseen.

Quizás el tema más delicado es la situación de los ilegales. Debemos buscar formas de regularización no masivas, que podrían producir un ‘efecto llamada’ indeseado en momentos de crisis, pero que resolverían la angustia de los que viven sin papeles.

Y por último, lo más importante, que desde los poderes públicos se haga pedagogía, sin minimizar los conflictos pero sin exagerarlos ni exacerbarlos.

Celestino Corbacho está preparado para llevar la política inmigratoria que los nuevos tiempos requieren. Le deseamos suerte y acierto.