Madrid. El Grupo Parlamentario Popular el viernes pasado la comparecencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la Comisión homónima del Congreso de los Diputados para que "explique el grado de conocimiento" que tiene el Gobierno sobre lo sucedido en la frontera entre Marruecos y Melilla, donde el jueves por la noche murió un inmigrante subsahariano por los disparos de los agentes marroquíes contra un grupo de 80 de personas que intentaba cruzar de forma clandestina.

A la polémica se sumó el portavoz de SOS Racismo, Javier Ramírez, al decir que España "es cómplice de los abusos de la policía marroquí porque colabora y financia el trabajo de control de fronteras".

Según afirmó el portavoz de Inmigración del Grupo Popular, Rafael Hernando, "no se entiende" que Marruecos "siga actuando de esta forma" en la que "unas veces mira para otro lado" cuando los inmigrantes subsaharianos intentan cruzar la frontera y, en otras, disuelve estas situaciones "a tiros, de manera desproporcionada".

En un comunicado, el diputado manifiesta que "no puede ser que el Gobierno español no haya llegado a un acuerdo con Marruecos para establecer un protocolo de actuaciones para disolver a estos grupos de inmigrantes con métodos menos violentos y agresivos".

"Parece que el Ejecutivo sigue indolente a la hora de llegar acuerdos con aquel país para proteger nuestras fronteras de manera proporcionada", agregó Hernando, para añadir que "sigue la presión" en este punto fronterizo por "el efecto llamada" de la política del Gobierno en materia de inmigración.

"Si financiamos a otros para que controlen los flujos migratorios y ellos con nuestro dinero cometen estos delitos, somos cómplices y más porque nuestros acuerdos con Marruecos no incluyen ninguna cláusula de derechos humanos ni de control sobre lo que hacen con ese dinero", añadió Ramírez, de SOS Racismo.

Además explicó que el Gobierno "no puede permitirse firmar acuerdos con Marruecos, un Estado cuyos agentes de autoridad utilizan las armas de fuego para contener un delito administrativo", como lo es en España la entrada y estancia irregular.

Redacción - agencias