La semana pasada, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) organizó las jornadas de debate “Inmigración: el capital social y cultural”, donde participaron, entre otros invitados, algunos extranjeros y españoles hijos de extranjeros que fueron seleccionados -da la impresión- por representar una inmigración que puede triunfar en el plano laboral (asesores de la Generalitat, diputados del Parlament), que da la imagen de estar completamente integrada.

Tal vez la intención era hacer “discriminación positiva” y mostrar casos de éxito, pero la verdad es que los ponentes que asistieron a las jornadas son grandes excepciones a lo que sucede en la calle: la realidad es que los departamentos de recursos humanos y las agencias que reclutan personal se fijan en el pasaporte antes que en el currículum, y en el recorrido geográfico antes que en el profesional. Además, en España, haber vivido en tres países y haber trabajado con gente de cuatro continentes es signo de inestabilidad más que de enriquecimiento personal y profesional. En pocas palabras, tener inquietudes es más negativo que positivo.

La verdad es que en Barcelona -que es la ciudad de la que puedo hablar porque vivo en ella- los extranjeros tienen que soportar en las entrevistas de trabajo preguntas tan insultantes como: “¿Si le contratamos en la empresa cómo estamos seguros de que no se irá antes de que acabe su contrato?” A lo que todo extranjero debería responder: “Con la misma certeza de que al dueño de su empresa se le pueda ocurrir aplicar un ERE*”.

Por eso, los debates -siempre necesarios- y los discursos sobre el potencial y la valiosa aportación de los venidos de fuera, no quedan mas que en palabras bonitas si no se adecúa un marco legal que proteja al extranjero de discriminación ni se destina dinero a la verdadera integración laboral de acuerdo con los estudios, las capacidades y las aspiraciones de las personas.

Lo que hace falta -si se quiere hablar de aportaciones y capitales- es que las diputaciones, las comunidades autónomas y el Estado español instrumenten políticas de fomento de la igualdad al acceso de oportunidades laborales, como incentivos fiscales a los empresarios que promuevan la igualdad al acceso al trabajo. El ejemplo existe en el Reino Unido, donde la ley protege a cualquier persona de discriminación laboral por raza, religión, origen o apariencia, y donde es ilegal poner un anuncio que diga, por ejemplo, “sólo de nacionalidad...” o “sólo mujeres”.

Puede parecer fuera de lugar una defensa de la igualdad laboral entre extranjeros y locales en un momento en que la tasa de paro en España es la más alta en democracia, pero el que escribe este texto se excusa en que no fue el que puso el tema en el aire. En todo caso, si éste no es el momento para defender el derecho de una persona a ser contratada por sus capacidades y no por su origen, cuando ese derecho se defiende en tiempos de bonanza económica entonces es pura hipocresía.

* Expediente de regulación de empleo (ERE), que es una manera legal de romper la relación laboral con los empleados por causas económicas o técnicas que deben justificarse ante la autoridad laboral.