Nuestra historia migratoria reciente no ha sido muy afortunada. Mientras nuestro mercado laboral pedía a cientos de miles de personas que vinieran, nuestras leyes no lo preveían, con lo que vinieron igualmente pero fuera de las previsiones legales.

Aún así, debemos señalar dos hechos muy positivos. La inmigración legal empieza a ser una realidad y el peso de la inmigración familiar indica una maduración del proceso, ayuda al bienestar de las personas y facilita la convivencia. Inmigración ya no equivale a precariedad, sino que también es normalidad.

Pero los ciudadanos se muestran sorprendidos, cuando no inquietos, por la magnitud de los cambios. Y nos piden tres cosas, a mi entender, muy razonables. En primer lugar nos piden no competir por los recursos públicos. Nos piden que haya escuela para todos, que los servicios sociales se puedan extender a las clases medias o que en la consulta del pediatra seamos atendidos con tiempo suficiente. No es cierto que la inmigración consuma más servicios públicos. De hecho, por ahora, consume bastantes menos y no porqué enfermen menos, sino porqué se trata de personas más jóvenes. La redimensión de los servicios públicos, la defensa del estado del bienestar, debe ser un eje central compartido del futuro Pacte Nacional per a la Immigracio (www.gencat.cat/dasc/pni).

Nos piden también que tengamos flujos migratorios ordenados. El desarrollo de las competencias del Estatut, el servicio de acogida exterior que se planteará con la Llei d’Acollida y la lucha contra la economía sumergida son tres respuestas que da el Govern a esta demanda. Pero también hay que pedir al Estado avanzar hacia un modelo que se base en la plena ocupación de toda la vida laboral y del conjunto de la unidad familiar.

Finalmente, los ciudadanos nos piden acciones para la integración. Es razonable pedir al que llega un esfuerzo para integrarse. Como es igual de razonable pedir al conjunto de la sociedad que sepa acoger como son a las personas a las que, a través de su mercado de trabajo, ha pedido que vinieran. Por ello planteamos una Llei d’Acollida que facilite las herramientas básicas de la autonomía personal: conocer el catalán, acceder al trabajo y conocer cómo funciona la sociedad de acogida.

Diversidad y cohesión deben encontrar un equilibrio. Por ello es necesario construir una cultura pública común basada en los valores democráticos, la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos humanos y la lengua y cultura catalanas, como elementos que definen nuestra aportación singular a la diversidad mundial y que unen a todos aquellos que tenemos lenguas distintas y que vivimos juntos y juntas.

Oriol Amorós
Secretari per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya