Ariadna Gálvez / Canal Solidario
Unos 850 millones de personas sufren hambre y otros 2 mil millones tienen carencias nutricionales severas, en un planeta que a diario produce suficiente comida para alimentar a 12 mil millones de personas, casi el doble de la población mundial.

Estas cifras, aportadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), hace tiempo que han disparado las alarmas de los organismos internacionales.

En 1996, los participantes en la Cumbre Mundial de la Alimentación se comprometieron a trabajar para reducir a la mitad el número de personas hambrientas antes del 2015. En el año 2000, se marcó como primer Objetivo de Desarrollo del Milenio la erradicación de la pobreza y el hambre. En contraparte, desde entonces el número de personas hambrientas en el planeta no ha dejado de crecer.



Todo esto lo explica la campaña ‘Derecho a la Alimentación: Urgente’, impulsada por Prosalus, Cáritas, Veterinarios Sin Fronteras e Ingeniería Sin Fronteras con la intención de conseguir un reconocimiento efectivo del derecho a la alimentación de todas las personas, y hacerlo de forma urgente.

Según estas entidades, el hambre del siglo XXI no es consecuencia, en absoluto, de la falta de alimentos, sino de un conjunto de causas más complejas, entre las que encontramos la injusticia social y la exclusión política, social, económica y de género. A éstas, deben sumarse factores contextuales como los conflictos armados, las reglas del comercio internacional, el pago de la deuda externa o la falta de acceso a los recursos productivos.

La soberanía alimentaria, un concepto para llevar a la práctica
Para luchar contra todos estos factores y conseguir sus objetivos, la campaña ‘Derecho a la Alimentación: Urgente’ propone, primero de todo, la efectividad del derecho a la alimentación en el marco de una política de soberanía alimentaria.

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a tener garantizada su alimentación de manera suficiente a partir de su producción local y nacional, y respetando su diversidad cultural y sus mercados locales. Se trata de un derecho humano fundamental ligado a la construcción de relaciones comerciales justas a escala internacional, al desarrollo de una agricultura local sostenible y al respeto de las condiciones laborales de los productores locales.

Esto significa “un apoyo claro a los mercados locales basados en las explotaciones familiares” (...) “También es necesario garantizar precios justos para los campesinos y el acceso a los recursos de producción agrícola”. explican las entidades organizadoras de la campaña.

FAO: La inversión pública es esencial
Finalmente, las entidades consideran esencial la inversión pública para potenciar la actividad agrícola familiar y comunitaria.

De hecho, según la FAO, sólo los países que han potenciado estos puntos y han invertido en el medio rural han conseguido mejorar sus indicadores de hambre. Ésta, sin embargo, no es una dinámica habitual, pues a menudo los gobiernos prefieren invertir en proyectos que requieran menos financiación y que dan más beneficios a corto plazo, como las grandes explotaciones agrícolas o los productos para la exportación.