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Hay noticias que duran un día y otras lo hacen toda la vida. Hay unas que duran varios días, o semanas, pero las que trascienden en la historia pueden durar años. Hasta generaciones. Por el momento, la propuesta de Directiva para expulsar a todos los inmigrantes sin autorización para residir o trabajar en Europa tiene pocos días. Pero si supera el trámite europarlamentario y es aprobada, le espera una larga vida.

Sin considerar si es injusta o no el proyecto, no deja de asombrarme la escasa repercusión que ha tenido en los medios. Quizá porque muchos la deseaban, otros tal vez no se la creen. Me apunto en el segundo grupo –!ingenuos!-, no tanto por considerarla injusta –las injusticias son comunes en política-, sino por representar todo un reto económico. La Comisión europea calcula que esa población que deambula por las ciudades y campos tratando de ganarse la vida, es de unos ocho millones de personas. Serían necesarios 40.000 aviones Boeing con capacidad para 200 pasajeros cada uno. En todo el mundo surcan apenas 5.000 de esta firma. Habrá que buscar refuerzos con barcos, trenes, camiones...

La última vez que se vio en Europa el despliegue de tal cantidad de recursos para transportar contra su voluntad una cantidad similar de personas, fue en la Segunda Guerra mundial. Claro, al menos esta vez no se pretende exterminarlos ni obligarlos a realizar trabajos en los lager –palabra alemana para los campos de concentración-. Aunque no es comparable el holocausto, el mensaje que transmite el proyecto de expulsión es: “vayan a sufrir en otra parte del mundo, ¡aquí no!”.

El documento introduce dos importantes novedades. La más elegante, aquella destinada a dulcificar la retórica de la política migratoria, con la modificación de los términos internamiento –empleado para definir la situación de quienes son pillados sin documentos y enviados a los centros de internamiento (CIE)- por retención. Esta palabra -internamiento- suena a travesura de adolescentes, a internado para jóvenes problemáticos. El segundo cambio importante, el más grotesco, es la ampliación del período de permanencia en los CIE, de 40 días a seis meses, con prórroga de hasta 12. En total, año y medio encerrado por no tener un documento.

A primera vista asusta sólo el segundo. Pero el primero, el cambio retórico, es tan trascendental para la política internacional en los próximos años, como el que significó luego del 11-S el uso del término terrorista. Decir que una persona es retenida justifica prolongar su permanencia en los CIE por un período más largo. Dice el informe del eurodiputado alemán Manfred Weber, de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior:

“El denominado internamiento temporal debería llevar el nombre de lo que es honradamente en realidad, a saber, una retención, vista la dimensión de la privación de libertad que la caracteriza y su duración, de hasta seis meses. De ahí que revista un carácter que dista mucho de ser temporal”.

Los temas serios también tienen su anécdota. El texto recomienda que se tenga en cuenta el tiempo libre de los internados –o retenidos- y se aproveche para perfeccionar su educación, ejercer una ocupación útil(...) para reducir su el nivel de agresividad y aumentar las posibilidades de realizar con éxito el retorno. Si me llegaran a encerrar por un año y medio por estar en otro país donde intento buscarme la vida, no sé cómo reaccionaría, pero estoy seguro que no sería más perfecto ni regresaría contento a mi país.

De los campos de concentración nazis se ha dicho que fueron un anticipo de la sociedad desindividualizada, donde el sistema predomina sobre el hombre. Más delicada aún pueden ser las consecuencias. ¿Con qué cara podrán exigir los países desarrollados que los demás respeten las libertades y los derechos humanos? ¿Será más fácil, por ejemplo, justificar para un país como China o Cuba la detención de opositores al gobierno?

El presente: en España algunos alcaldes ya han negado el acceso al padrón a extranjeros sin trabajo, lo que en la práctica se traduce en un obstáculo para escolarizar a sus hijos o recibir atención sanitaria. Nada nuevo: entre 1937 y 1939 los judíos no podían ir a las escuelas públicas, a los teatros ni los lugares de descanso. Y pasó lo que pasó.