Frente a las posturas de “mano dura” de Felipe Calderón (México) y Álvaro Uribe (Colombia) contra los cárteles de la droga, varios ex presidentes latinoamericanos, escritores y académicos se reunieron en Río de Janeiro para discutir una salida viable a la escalada de violencia que afecta México, Centroamérica y Colombia, ligada al crimen organizado. Las conclusiones a las que llegaron sorprenden por directas.

En la declaración firmada por los 17 integrantes de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, se empieza por reconocer que “las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y la distribución (de drogas), así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados”. Y que “estamos más lejos que nunca del objetivo de erradicación de las drogas”.

El documento, titulado “Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma”, hace un análisis realista de la situación en América Latina respecto de las drogas y reconoce que “América Latina sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína y marihuana, se ha convertido en creciente productor de opio y heroína, y se inicia en la producción de drogas sintéticas”, al tiempo que el consumo en la región tiende a crecer mientras en Estados Unidos y Europa se mantiene estable. Asimismo, denuncia “la criminalización de la política y la politización del crimen”.

¿Qué mueve a los gobiernos a militarizar la lucha contra el narcotráfico?
La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia explica que el aparente empecinamiento de ciertos gobiernos en obtener resultados únicamente por la vía policial y militar “está firmemente arraigado en prejuicios, temores y visiones ideológicas. El tema se ha transformado en un tabú que inhibe el debate público por su identificación con el crimen, bloquea la información y confina a los consumidores de drogas a círculos cerrados donde se vuelven aún más vulnerables a la acción del crimen organizado”.

Con tal de avanzar en la ruptura de ese tabú hacia las drogas, la Comisión propone -además de reconocer el fracaso como primera medida-, despenalizar la tenencia de ciertas sustancias para el consumo personal. “Para ello, es esencial diferenciar las sustancias ilegales de acuerdo con el daño que provocan a la salud y a la sociedad”, dice la declaración.

Como principal argumento del fracaso de las políticas prohibicionistas, promovidas especialmente por Estados Unidos, la Comisión cita el caso de Colombia, donde “durante décadas, este país ha adoptado todas las medidas de combate imaginables, en un esfuerzo descomunal, cuyos beneficios no se corresponden con los enormes gastos y costos humanos”. Y aunque reconoce grandes avances, sobre todo en la disminución de los índices de violencia y de delitos, señala que en Colombia “han vuelto a aumentar las áreas de siembra de cultivos ilícitos y el flujo de drogas desde Colombia y el área Andina”.

También, como era de esperarse, la declaración alude directamente a la situación en México, y advierte que “La traumática experiencia colombiana sin duda es una referencia para que se evite el error de seguir las políticas prohibicionistas de Estados Unidos y se encuentren alternativas innovadoras”.

Sin EEUU y Europa no hay solución
Por último, la declaración pone énfasis en la importancia de que los países de destino de la droga se involucren en esta lucha, e incluso afirma claramente que “la solución de largo plazo para el problema de las drogas ilícitas pasa por la reducción de la demanda en los principales países consumidores (…) Es deseable, por ello, que apliquen políticas que efectivamente disminuyan el nivel de consumo”.

Para ello, sería necesario cambiar también el tratamiento que dan los gobiernos a los usuarios de drogas, al transformarlos de compradores de sustancias ilegales en pacientes del sistema de salud.

Los integrantes de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia son:

César Gaviria // Colombia // co-presidente
Ernesto Zedillo // México // co-presidente
Fernando Henrique Cardoso // Brasil // co-presidente
Ana María Romero de Campero // Bolivia
Antanas Mockus // Colombia
Diego García Sayán // Perú
Enrique Krauze // México
Enrique Santos Calderón // Colombia
General Alberto Cardoso // Brasil
João Roberto Marinho // Brasil
Mario Vargas Llosa // Perú
Moisés Naím // Venezuela
Patricia Marcela Llerena // Argentina
Paulo Coelho // Brasil
Sergio Ramírez // Nicaragua
Sonia Picado // Costa Rica
Tomás Eloy Martínez // Argentina

Y está patrocinada por: Open Society Institute (EEUU), cuyo presidente es el multimillonario George Soros; el Instituto Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Viva Rio (Brasil) y el Centro Edelstein de Pesquisas Sociais (Brasil).