Soledad Gómez Venegas
A quince meses de iniciado el gobierno de Evo Morales se desencadena una ola de demandas de diferentes sectores sociales que podrían poner en riesgo la estabilidad interna de Bolivia.

Un paro para el día 3 de mayo anuciaron los maestros urbanos, que exigen una canasta familiar equivalente a 7 mil 500 bolivianos (unos 680 euros).

La semana pasada, unos 4 mil trabajadores de la minera estatal Comibol marcharon provocando violentos incidentes en las afueras de la sede del Tribunal Constitucional de la ciudad de Sucre, donde hicieron explotar dinamita.

Carlos Alberto Gotilla, congresista opositor al Gobierno, acusó a Morales de financiar a los insurrectos mineros, sindicándolo como responsable de “movilizar gente, gastar recursos estatales para agredir al Tribunal Constitucional”.

La protesta, que fue televisada, mostró la violencia vivida a las afueras de la sede del Tribunal, donde un grupo llegó a dinamitar su frontis causando heridas de consideración en las dos piernas a un policía que se encontraba en el interior del edificio. Los daños en puerta, ventanas y balcones provocados por la explosión, y los golpes de los iracundos protestantes, fueron de consideración.

Otros puntos de riesgo
Existen al menos otras tres demandas que amenazan con radicalizar sus métodos de presión en cualquier momento.

El primero sería el inicio de una huelga de hambre, tras el frustrado intento de ingresar a la plaza Murillo, de un grupo de discapacitados que reclama el pago anual de un bono de 5 mil bolivianos, seguido por el anuncio de movilizaciones que pretenden bloquear carreteras y caminos por personas que sufren distintas discapacidades.

Luis Arce, ministro de Hacienda, dijo que la demanda era inalcanzable, y que el gobierno no pretende crear falsas esperanzas; además dijo que no existe un registro que permita saber cuántas personas y qué grado de discapacidad presentan en el país. Indicó también que hay otro tipo de demandas que están proclives a atender, como seguro médico universal, aranceles diferenciados en prótesis, la creación de un banco de órtesis, centros de educación especializados, rebajas en trámites de titulación y ayuda en la inserción laboral.

El segundo frente de descontento es la huelga de los trabajadores de la salud, que ya ha provocado 40 mil dólares en pérdidas y que lleva varios días, amenaza con ser indefinida, debido a la exigencia del aumento salarial de 7 por ciento y la implantación de 5 mil nuevos cargos que tienen relación directa con la mejoría de la atención al público.

El viceministro de Salud, Alberto Nogales, reconoció que existen más necesidades de cargos, en especial en Santa Cruz, pero a la vez recalcó que el gobierno no está en condiciones de entregar más que los 830 cargos que ya han sido distribuidos equitativamente en todo el país.

José Gonzáles, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Salud, indicó: “El paro es contundente a nivel nacional, hubo mucha participación del personal de enfermería, técnico-administrativo, servicios y otros”, y recalcó que sólo el personal de emergencia permanecerá trabajando.

Finalmente, las protestas de los importadores de ropa usada en Cochabamba, que se extienden ya por varios días, debido a la demanda de obtener “tres años más de libre importación” amenazan con un ampliado nacional, en la ciudad de Oruro.

La Asociación de Productores de Algodón (ADEPA) se declara en peligro por la solicitud de los ropavejeros, puesto que 18 mil empleos directos están en peligro por la caída en la demanda de los textiles nacionales. Además, de acuerdo con las declaraciones del presidente de ADEPA, Alejandro Godefroy, la cadena productiva que nace de las 6 mil hectáreas de plantaciones de algodón puede generar siete empleos por cada una de ellas, siendo capaz de dar trabajo a unas 42 mil personas. También recalcó: “Necesitamos tecnología y facilidades para comercializar. El gobierno debería preferir la industria nacional cuando compra uniformes militares y de otros rubros”.